Sentencia A. 1474/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1474/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas sin certeza de existencia de contrato estatal como causa del título a ejecutar

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1474 DE 2024

 

Referencia: Expedientes acumulados CJU-5790 y 5824.

 

Asunto: Conflictos de jurisdicciones suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

Magistrado sustanciador:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., cinco (05) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 En el siguiente cuadro, se sintetizan los hechos de los expedientes que corresponden a los conflictos entre jurisdicciones remitidos a la Corte Constitucional y asignados al despacho del magistrado sustanciador para su decisión.

 

 

2.                 El 23 de agosto de 2024, el asunto fue repartido por la Sala Plena de esta corporación al magistrado del despacho sustanciador y, cuatro días después, la Secretaría General lo remitió para lo de su competencia[8].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

A.               Competencia.

 

3.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

4.                 De conformidad con las atribuciones constitucionales y legales, en particular las establecidas en el artículo 241.11 de la Constitución Política, los literales a) y v) del artículo 5 y el artículo 49 del Acuerdo 02 de 2015, el artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, así como las potestades de acumulación de asuntos que deban tramitarse bajo el mismo procedimiento, previstas en el artículo 148 y el inciso final del artículo 150 de la Ley 1564 de 2012, y con el fin de garantizar los principios de celeridad y acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional es competente para: (i) disponer la acumulación de los conflictos de jurisdicción cuando exista unidad de materia; y (ii) pronunciarse sobre su competencia para conocer los mencionados conflictos de competencia remitidos a la Corporación.

 

5.                 Al respecto, se evidencia que los conflictos entre jurisdicciones objeto de revisión guardan plena identidad de materia y corresponden a controversias suscitadas entre autoridades en conflicto que pertenecen a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la Jurisdicción Ordinaria.

 

B.               Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones.

 

6.                 Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[9]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que estos conflictos se configuren, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

C.               Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las demandas instauradas por el ICF. Reiteración jurisprudencial.

 

7.                 En el auto 1209 de 2024, esta corporación estudió un asunto similar a los que son objeto de revisión. En efecto, en esa oportunidad, la Corte resolvió un conflicto entre jurisdicciones que se suscitó por una demanda ejecutiva de mayor cuantía instaurada por el IFC en contra de un particular derivada de un pagaré suscrito a favor de la institución. Para resolver el asunto, se realizó una línea jurisprudencial a partir de las consideraciones de los autos 403 de 2021, 1027 de 2021 y 553 de 2022. En este sentido, se concluyó que:

 

“en los conflictos de jurisdicción suscitados con ocasión de procesos ejecutivos derivados de títulos valores que pudieran tener relación con contratos estatales, en los que se encuentre de por medio una entidad pública, es necesario que el juez que dirime el conflicto, verifique i) la existencia o no de un contrato estatal como origen del título valor que se pretende ejecutar y, ii) en caso de que no tuviera certeza sobre la existencia o inexistencia de un vínculo contractual previo que sirviere de antesala entre la entidad pública y el particular, el asunto es de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al tratarse de una controversia que pudiese involucrar un acto o contrato suscrito por una entidad pública sujeta al derecho administrativo”.

 

8.                 Luego, se estudió la naturaleza del IFC a partir de las consideraciones de los autos 554 y 618 de 2023, que resolvieron controversias en los que esta entidad hizo parte. En ambos casos se asignó la competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que en el acto de constitución del IFC no consta que sea una entidad financiera y tampoco la vigila la Superintendencia Financiera de Colombia; por lo que no procede aplicar la excepción dispuesta en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA.

 

9.                 En virtud de lo anterior, terminó por asignar el asunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo bajo dos argumentos principales. Por un lado, conforme a los autos expuestos “es claro que la naturaleza del IFC es la de una entidad pública que no goza de la calidad de entidad financiera y tampoco se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, razón por la que sus actos o contratos no se encontrarían incursos dentro de la excepción dispuesta en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA. Lo anterior, debe tenerse en cuenta, incluso en el escenario donde se tuviera certeza de la existencia de un contrato estatal entre las partes”.

 

10.             Y, por el otro lado, aunque pareciera que el pagaré que el IFC pretendía ejecutar se derivaba de un contrato de mutuo con interés, lo cierto es que “no se [tenía] certeza de la existencia de ese contrato o de un contrato similar, no solo por el hecho de que la parte demandante no lo mencionó en la demanda, sino porque tampoco fue aportado un documento con dichas características como anexo de esta”[13].

 

D.               Examen de los casos concretos.

 

11.             En los asuntos objeto de decisión, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, puesto que, como se puede observar en el antecedente 1:

 

(i)               Presupuesto subjetivo: los conflictos se suscitaron entre autoridades que pertenecen a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la Jurisdicción Ordinaria.

 

(ii)             Presupuesto objetivo: se acreditó la existencia de causas judiciales respecto de la cuales se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla. En concreto, se tratan de demandas ejecutivas de mínimas cuantías instauradas por el IFC en contra de particulares.

 

(iii)          Presupuesto normativo: las autoridades judiciales que suscitaron los conflictos entre jurisdicciones justificaron su falta de jurisdicción en argumentos jurídicos y normativos, como puede evidenciarse en el antecedente 1 de esta decisión.

 

12.             Superado el anterior estudio y a partir de la aplicación de las consideraciones del auto 1209 de 2024, la Sala concluye que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las demandas objeto de la presente providencia. Lo anterior, en vista de que: (i) no se tiene certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar; no solo por el hecho de que la parte demandante no lo mencionó en la demanda[14] del ICF, sino porque tampoco fue aportado un documento con dichas características como anexo de esta. Asimismo, (ii) con base en la postura de la Sala Plena sobre la naturaleza del IFC, esta es una entidad pública que no goza de la calidad de entidad financiera y tampoco se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que sus actos o contratos no se encontrarían incursos dentro de la excepción del artículo 105.1 del CPACA.

 

13.             Por ende, la Sala Plena advierte que los jueces competentes para tramitar los referidos asuntos son los pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, les remitirá el presente asunto para que, de forma inmediata, continúen con el trámite, y tomen la decisión que consideren pertinente, conforme con los fundamentos de la presente decisión y las reglas desarrolladas en el auto 1209 de 2024.

 

 

E.               Regla de decisión.

 

14.             “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer los procesos ejecutivos promovidos por entidades públicas, en los casos en los que el juez del conflicto no tuviere certeza sobre la existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se pretende ejecutar”[15].

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-5790 y 5824, por presentar unidad de materia.

 

Segundo: En el proceso CJU-5790, DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Yopal y el Juzgado 3º Civil Municipal de la misma ciudad, y DECLARAR que el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Yopal es la autoridad competente para conocer de la demanda promovida por el Instituto Financiero del Casanare en contra del señor John Dairon Amaya Morales.

 

Tercero: REMITIR el expediente CJU-5790 al Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Yopal para que continúe con el trámite del proceso y comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo el Juzgado 3º Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Cuarto: En el proceso CJU-5824, DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Yopal y el Juzgado 2º Civil Municipal de la misma ciudad, y DECLARAR que el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Yopal es la autoridad competente para conocer de la demanda promovida por el Instituto Financiero del Casanare en contra de la señora Nora Clementina Vargas Izquierdo.

 

Quinto: REMITIR el expediente CJU-5824 al Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Yopal para que continúe con el trámite del proceso y comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo el Juzgado 2º Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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